Un nuevo negocio abre, da empleos y pinta la fachada de la calle, a simple vista parece una buena noticia, pero detrás no hay un plan de negocios. Por mucho tiempo nos vendieron la versión de que el crimen organizado es solo violencia, drogas, territorios, pero la realidad es más perversa.
El delincuente dejó la clandestinidad para abrir sucursales, facturar, buscar socios que les dieran legilitimidad y respetabilidad.
No viene a competir, no tiene una estrategia empresarial; viene a colonizar. La ventaja es simple y brutal, el delincuente no busca rentabilidad real, porque con fondos ilícitos puede sostener pérdidas, bajar precios por debajo del costo y sostener operaciones que arruinan a quien sí paga impuestos, nóminas, seguridad social y créditos. El empresario honesto compite con trabajo y eficiencia, vive de sus márgenes de ganancia; el delincuente-empresario vive de limpiar su dinero, intimidar y además con una fuente de financiamiento inagotable.
La presencia de estos “negocios” genera distorsión de precios, desplaza a proveedores y captura cadenas completas de valor.
Al final, el supuesto “emprendedor” termina por asfixiar al mercado local. En todo esto, el Estado tiene una responsabilidad central. Detectar estas prácticas exige inteligencia financiera, cruces de datos fiscales, seguimiento patrimonial y coordinación entre fiscalías, autoridades municipales e incluso cámaras empresariales. El estado requiere imponer sanciones administrativas y penales, que se vuelvan disuasivas, revisar registros públicos de beneficiarios finales y observar los sectores más vulnerables para estos “negocios” (hostelería, transporte, construcción, inmobiliario entre otros). Sin herramientas robustas, el fenómeno se reproduce y se normaliza. Nosotros como sociedad también somos corresponsables, porque cuando el delincuente-empresario abre negocios que lucen legítimos y da empleo, empiezan a verlo como un real emprendedor, y es justo ahí cuando se mimetiza con la comunidad, y se vuelve "aceptable".
Cuando la sociedad premia con prestigio y reconocimiento a quien no explica su patrimonio, es el inicio del problema.
La comunidad debe denunciar irregularidades y rechazar la procedencia del dinero fácil. Si no se actúa, la consecuencia es clara: más quiebras legales, menos recaudación, menos inversión productiva y territorios donde la economía obedece a intereses ajenos al mercado. Lo que hoy parece derrama puede ser la antesala de un monopolio criminal. En mi próxima entrega: cómo ese control económico termina por convertir al consumidor y al comercio honesto en rehenes.
