El respaldo al combate contra el robo de hidrocarburos en México es absoluto; sin embargo, la estrategia actual ha derivado en una "persecución administrativa" que criminaliza a los motores económicos del país: agricultores, ganaderos, transportistas y constructores.
En la región de la Laguna, existen fuerte reclamos del sector primario, porque lo que inició como una medida de seguridad nacional se ha transformado en un laberinto normativo que, por su inviabilidad técnica, abrió la puerta al abuso de autoridad, al cohecho y a la extorsión. Hoy, un productor agropecuario, transportista o un constructor enfrentan una realidad desproporcionada, ya que transportar o almacenar combustible para autoconsumo es bajo reglas diseñadas que solo grandes distribuidoras pueden cumplir.
Según los lineamientos de la Comisión Nacional de Energía (CNE), el uso de bidones comunes de plástico es ilegal; se exige obligatoriamente la certificación UN (Naciones Unidas) troquelada y material antiestático. Carecer de este envase o de la rotulación bajo las normas oficiales mexicanas faculta a la autoridad para decomisar el diésel, aun contando con factura legal. La desproporción penal es alarmante.
Transportar entre 1,000 y 2,000 litros sin los permisos de "carga especializada de materiales peligrosos" de la SCT, o sin los sistemas de GPS y balizado Código QR previstos en la normativa, se castiga con 8 a 12 años de prisión.
En el ámbito administrativo, las multas pueden alcanzar los 39 millones de pesos, una cifra que no busca regular, sino que sentencia a muerte a cualquier empresa del sector primario. Incluso el almacenamiento mínimo es un riesgo: después de los 30 litros, se exige un aviso formal ante la CNE y el cumplimiento de infraestructura industrial, como tanques de doble pared, diques de contención y pisos de concreto armado. Para un establo, un agricultor o una obra carretera, estos requisitos son financieramente inalcanzables. Este problema va más allá de lo administrativo, de no atenderse se convertirá en una amenaza a la seguridad alimentaria y a la viabilidad económica de México. Esta situación es un síntoma de una política que ignoró la realidad del campo mexicano.
Si un agricultor no puede mover diésel para sus tractores sin el riesgo de ser tratado como un criminal, la producción se detiene y se pone en riesgo la soberanía alimentaria. Urge una simplificación administrativa y gradualidad en la norma. La autoridad y las normativas deben distinguir entre el productor que genera empleos y desarrollo, y el delincuente que roba y comercilaliza combustible.
