Los Reglamentos Interiores de los Ayuntamientos de Torreón y Matamoros determinan formalmente que las comisiones edilicias tienen la obligación legal de sesionar por lo menos una vez al mes. En Torreón, el Artículo 141 impone adicionalmente a los Directores Generales y titulares de las dependencias de la administración municipal la obligación de reunirse mensualmente con su comisión adscrita para revisar el avance de sus planes de trabajo.
Mientras el reglamento contempla multas o exhortos para regidores que falten de manera injustificada a las sesiones, no existe sanción alguna, amonestación o consecuencia directa si el presidente de una comisión simplemente decide no convocar a sesionar durante meses, normalizando esta parálisis operativa.
De acuerdo al último informe de Regidor MX Laguna, en Torreón 10 de 19 comisiones violaron el reglamento al no sesionar mensualmente y en Matamoros, 18 de las 19 comisiones incumplieron con su obligación de sesionar por lo menos una vez al mes.
Este abandono de la agenda legislativa es crónico, pues desde 2019 que se iniciaron con estos ejercicios de evaluación se han venido repitiendo. Debemos recordar cuánto nos cuesta esta parálisis.
En Torreón, una regidora o regidor percibe una dieta mensual bruta de $80,582.12 pesos, y la estructura de la Sala de Regidurías cuenta con 99 personas adscritas (entre asistentes, secretarias y asesores) con un costo de nómina mensual considerable. Contar con estos recursos públicos exige, como mínimo indispensable, cumplir con la agenda mensual de comisiones.
Desde el colectivo Regidor MX Laguna, se plantearon algunas propuestas de reforma reglamentaria muy concretas: Primero, que existan consecuencias a la omisión de sesionar, es decir, que si una comisión acumula dos o más meses consecutivos sin sesionar, el Reglamento deberá obligar a cambiar al presidente de la comisión.
Otra opción es fusionarla con otra que comparta agenda, o definitivamente eliminarla por completo. Segundo, explorar la posibilidad de democratizar las comisiones, es decir, modificar la normativa para permitir la participación ciudadana con derecho a voz dentro de las comisiones, abriendo la discusión técnica a la sociedad civil. Y tercero, calendarizar públicamente las comisiones, obligando a subir las actas y listas de asistencia en un plazo razonable.
Finalmente, es claro, que el verdadero trabajo legislativo y de supervisión ocurre en las comisiones, y que la inactividad de estas representa una parálisis silenciosa de la administración pública.